En el marco de un espacio interconfederativo de diálogo, las entidades que nuclean a mutuales y cooperativas elaboraron propuestas para entregar a los candidatos postulados para las próximas elecciones presidenciales. El documento tiene como fin contribuir con la elaboración de políticas públicas que establezcan “reglas claras” para “multiplicar la Economía Social y Solidaria”. El próximo 22 de agosto a las 12 se realizará una conferencia de prensa en la sede de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), ubicada en Av. de Mayo 784- 2do piso, para dar a conocer su contenido.

La misiva, está suscripta por la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM); la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR); la Confederación Intercooperativa Agropeucaria (CONINAGRO); la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP); la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT); la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos (CONAICE); la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM) y Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA). 

En sus principales puntos solicita el reconocimiento en materia impositiva de la especificidad del sector; el reconocimiento desde la ley de las entidades como organizaciones de usuarios y consumidores; protección social para los trabajadores de las cooperativas; una legislación específica para la actividad financiera al servicio del desarrollo económico-social y propuestas en materia de vivienda, ahorro, crédito, educación, salud, fortalecimiento del INAES y promoción de la Economía Social y Solidaria.

La materialización de estas propuestas permitirá, según expresan las organizaciones, “mejorar la calidad de vida de toda la población y contribuir, desde la economía solidaria, al fortalecimiento de la democracia y el cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible”.

La misiva también detalla las características de las entidades, sus modos democráticos de funcionamiento, su composición; sus fines, que dejan por fuera el lucro, y su capacidad de cobertura. Así mismo resalta el rol que el sector tiene en el territorio nacional, a la hora de prestar servicios, generar fuentes de trabajo y contribuir a través de esto y de otras herramientas a procesos de inclusión social y a la construcción de “una ciudadanía responsable y comprometida” .

Por sus características, y por su cercanía y su presencia en territorio, mutuales y cooperativas –dice el documento- tienen un exhaustivo conocimiento de las comunidades por lo que “logran un impacto sobre las necesidades de la población incluso superior a la que puede lograr el propio Estado”. Defender el federalismo y la democracia, es fundamental para el resguardo de estas instituciones, según señalan las entidades.

La fortaleza de las cooperativas y de las mutuales proviene de décadas de inversión con impacto social positivo, de permanencia y cumplimiento de los compromisos aún en las peores crisis del país, siempre sobre la base de una gestión empresarial y social eficiente.

Con el propósito de contribuir a la elaboración y puesta en vigencia de políticas públicas que establezcan reglas claras para multiplicar la economía solidaria las organizaciones proponen:
– Que los impuestos nacionales, provinciales y las tasas municipales reconozcan el acto cooperativo y mutual, claramente establecido en sus leyes especiales, el accionar solidario y la naturaleza no lucrativa de las entidades cooperativas y mutuales, y que no existe hecho imponible entre la entidad y el asociado.

– Que las normas que regulan los servicios públicos y los derechos del consumidor las reconozcan como organizaciones de usuarios y consumidores.

– Que los trabajadores asociados en cooperativas cuenten con los mismos derechos de protección social que el trabajador asalariado.

– Que el trabajo asociado sea reconocido como una relación que favorece la defensa de los derechos del trabajador.

– Que se establezca una nueva legislación para la actividad financiera, al servicio del desarrollo económico y social.

– Que se promueva y facilite la creación de cajas de crédito cooperativas, para canalizar los ahorros de la comunidad al servicio de la producción y el desarrollo local.

– Que se propicie una política nacional de vivienda que contemple la participación de cooperativas y mutuales procurando la intercooperación con entidades de trabajo, crédito y seguros.

– Que en cumplimiento de Art. 90 de la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 el Estado Nacional implemente, en conjunto con las provincias y las entidades del sector educativo, un Plan Nacional de Educación cooperativa y mutual que abarque todos los niveles educativos, promocionando en especial la creación de cooperativas y mutuales escolares.

– Que se reconozca la naturaleza jurídica y particularidades de las cooperativas y mutuales prestadoras de salud, separándolas de la Ley de Medicina Prepaga N° 26.682.

– Que las agencias provinciales de promoción de la economía solidaria cuenten con recursos y atributos suficientes para ser protagonistas de un programa federal de promoción de la economía solidaria, elaborado conjuntamente con el sector cooperativo y mutual.

– Que se fortalezca al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo autónomo y cogestionado por el Estado junto con los representantes del cooperativismo y el mutualismo y a cuyo sostén presupuestario contribuyen las cooperativas y mutuales.

– Que todas las políticas sectoriales incorporen la promoción de la economía solidaria e incluyan a representantes del cooperativismo y el mutualismo en los equipos especializados en las diversas áreas.

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