El pasado martes 26 de enero, directivos de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y de la Federación Instituto de Ayuda Económica Mutual (IAEM) mantuvieron una reunión con el Director General  de la  Anses,  Lic. Emilio Basavilbaso, el Director General de Relaciones Institucionales y con la Comunidad, Patricio Piffano, y el Sub-director Ejecutivo de Administración, Federico M. Braun.

Durante el encuentro, el titular del IAEM, Fernando Whpei, expuso sobre los antecedentes del Decreto Nacional que estableció regulaciones sobre la operatoria en los códigos de descuentos de la Anses, y que impactaron fuertemente en las asociaciones mutuales que prestaban sus servicios a través de esta medida de cobro, pero que fundamentalmente el daño se hacía al jubilado o pensionado, que al no encontrar cobijo en su Mutual, tenía que recurrir a bancos u otras empresas, cuya tasa de interés eran sensiblemente mayor a la que cobraban las mutuales por aquel entonces.

Por su parte, el presidente de la CAM, Lic. Alejandro Russo, manifestó que “una de las cosas que más le preocupaba al mutualismo era que dentro del costo financiero total, se incorporaba el importe de la cuota social y esto era injusto e inequitativo con el resto de las organizaciones que se encontraban bajo esta operatoria”.   

Cabe señalar que estas organizaciones por designio de la Ley Nacional de Mutualidades 20.321 están obligadas a cobrar una cuota social, y que la misma no es limitativa del servicio de ayuda económica, ya que su pago sirve para tener el derecho a ser asociado  a la mutual y poder disfrutar de la totalidad de los servicios que se prestan, siendo el de ayuda económica, uno más de la gran multiplicidad de servicios que ofrecen estas organizaciones.

Asimismo, agrega Russo: “el mutualismo llega a lo largo y ancho del país, a lugares donde el Estado y gran parte del sector privado por distintos motivos no puede llegar, y que de proseguir con la vigencia de esta normativa, agudizaría la salud institucional de estas entidades, pero fundamentalmente ampliaría el perjuicio para sus asociados”. 

Los funcionarios escucharon atentamente las posiciones de los directivos, y acordaron estudiar el tema, para generar un espacio de trabajo, que contribuya a mejorar el vínculo entre Estado- Sector, pero con la firme convicción que no habrá lugar para aquellas organizaciones que cobraran tasas abusivas, quienes fueran las generadoras de ese Decreto.