La Ley de Defensa del Consumidor en la ejecución de ayudas económicas mutuales
Una aproximación en la incidencia de la Ley de Defensa del Consumidor con relación a la cobranza de ayudas mutuales y su instrumentación, fue el tema principal del encuentro propiciado por las entidades afiliadas a FEMUCOR, integrantes de la Unión de Mutuales del Interior Cordobés (UMIC).
Para la ocasión, fue invitado el experto en derecho comercial Dr. Carlos Molina Sandoval.
La convocatoria fue este lunes 12 de junio en el salón de usos múltiples (SUM) de la Mutual Club Ateneo Juvenil Acción (AMCAJA) de Villa Santa Rosa, con la presencia de la mayoría de las mutuales de esta regional federativa, profesionales y asesores, a quienes previamente se les sugirió nutrirse de documentación relacionada con mutuos, pagarés, recibos, etc, con el propósito de cotejar con lo que se exponga en el taller y generar las preguntas del caso.
Felipe Sabahini y Marcelo Durán, delegados titular y suplente de la UMIC encabezaron la mesa de autoridades, acompañando al abogado Carlos Molina Sandoval. También presentes representantes de las tres entidades de Villa Santa Rosa de Río Primero, anfitrionas del encuentro, Dra. Silvana Naveda, presidente de AMCAJA; Dr. Elías Martín, presidente de la Mutual Club Atlético Santa Rosa y Dra. Silvia Lambertti, secretaria de la Mutual Sportivo Belgrano.
EL INTERCAMBIO
Como aproximación, el Dr. Molina Sandoval brindó un panorama general en torno de lo que son los juicios ejecutivos de ayuda económica y la relación e incidencia con la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240, que ahora forma parte integrante del Código Civil y Comercial de la Nación, sancionada en el 2016.
En esa línea, el profesional compartió con el auditorio, los distintos criterios que han adoptado los tribunales que en algunos casos, rechazaron la ejecución de ayudas económicas documentadas en pagaré porque no satisfacen los requisitos de dicha ley, cuando otras Cámaras sí lo han admitido.
Tras el intercambio, quedó en evidencia que aún no hay un criterio uniforme ni tampoco del Tribunal Superior de Justicia para ver qué camino seguir, ni una sugerencia concreta de documentación para implementar, pero fue importante el tratamiento inicial de este tema para comprender cuál es la situación del sector en esta materia.