El presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), Alejandro Russo, expuso el pasado martes 6 de noviembre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, junto a dirigentes del sector cooperativo, la postura asumida frente al artículo 126 del proyecto de Presupuesto 2019, que establece alícuotas para las cooperativas y mutuales de mayor patrimonio, vinculadas a servicios de seguros, ahorro y crédito.

Según publicó la Agencia de Noticias, Ansol, al término de la ronda de exposiciones y luego de la reunión de la comisión trascendió que las negociaciones podrían arribar en una reducción a 2%, de la alícuota fijada por el proyecto entre 4 y 6 %, a través de una ley especial.

Durante media hora Russo, en representación de las entidades Mutuales;  Ariel Guarco, por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI); Alejandro Simón, por Aseguradoras del Interior (Adira); Carlos Ianizzotto por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro); Oscar Rosas, por la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas, Edgardo Form, por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y César Basañez, por Cooperar, explicaron con solidez lo que consideran distorsivo en cuanto a la naturaleza jurídica del sector y solicitaron modificaciones al artículo que no sólo pone en desigualdad de condiciones a las entidades que no perciben lucro sino que pone en peligro la prestación de sus servicios.

Para Russo, esta disposición establecida  en la Cámara de Diputados de la Nación para reemplazar el artículo 85 -ampliamente rechazado por el sector-  “está castigando a las entidades con mayor patrimonio, cuyo único pecado fue fortalecer su activo para brindar más seguridad a sus asociados y responder a eventuales siniestros o requerimientos”. Así mismo, el presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades consideró la importancia de estas instituciones, que a través de su capitalización aportan a la construcción del país, evitando así la extranjerización de recursos. “Las alícuotas establecidas hacen netamente confiscatorio este proyecto”, afirmó.

Pidió también a los senadores presentes considerar los argumentos expuestos al momento de tratar la Adenda al Consenso Fiscal, en la que se dispone que a partir del ejercicio 2019 el sector debería tributar Ganancias, habilitando la posibilidad de una doble imposición.

“Entendemos que el mundo ha puesto en el sector cooperativo una señal de esperanaza”, expresó Ariel Guarco, quien detalló la importancia que a nivel mundial tiene el movimiento cooperativo como pilar del desarrollo económico y enumeró las recomendaciones que la comunidad internacional realiza a los estados para crear entornos económicos favorables y marcos tributarios justos para el desarrollo del sector . “Creemos que es posible resolver los problemas que enfrentamos de manera conjunta y que los artículos 23 y 24 de la Reforma Tributaria del año pasado, el artículo 85 del proyecto de presupuesto y el 126 que lo corrige, no respetan nuestra naturaleza jurídica y no atienden las recomendaciones de organismos internacionales, respecto de la promoción del cooperativismo y el mutualismo y de generar entornos tributarios favorables para el desarrollo de nuestras empresas”, expresó.

Alejandro Simón, presidente de  Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA) consideró que “la inversión social, la generación de puestos de trabajo y la continuidad de muchas empresas cooperativas y mutuales del sector asegurador se encuentran hoy en peligro”,  a causa del artículo 126 que calificó de confiscatorio, distorsivo e inconstitucional.

De acuerdo con los datos que proporcionó el dirigente el 34% del mercado asegurador está cubierto por cooperativas y mutuales de seguros, que satisfacen necesidades no atendidas por el sector privado convencional, justamente por la falta de lucro y el 80% de los primeros patrimonios del mercado asegurador están en manos de cooperativas y mutuales.

Estas empresas, según caracterizó Simón, que han crecido gracias a la falta de accionistas que exigen dividendos a kilómetros de distancia reinvierten su excedentes recapitalizándose y están insertas en las comunidades locales con una matriz solidaria e inclusiva.

Para Simón, lo que establece el artículo 126 es “un impuesto que no existe en ningún país del mundo, porque afecta la solvencia” y contiene “errores garrafales en la constitución de la base no imponible”, permitiendo dobles tributaciones.

Carlos Ianizzotto, en nombre del sector cooperativo agroindustrial del país, dió su apoyo a las entidades vinculadas a ahorro, seguro y crédito. Si bien no estamos implicados en esta norma, consideramos, en virtud del espíritu de unidad del sector cooperativo y mutual y la economía solidaria, que es una herramienta de crecimiento y desarrollo, que es totalmente contraproducente  el tratamiento tributario que recibe el sector en el proyecto de presupuesto”, expresó. “Necesitamos un sistema impositivo que favorezca la producción, el empleo y la justicia social, dijo al finalizar su exposición.

A su turno, Oscar Rosas, Secretario Ejecutivo de la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas, citó a manera de ejemplo, el caso de Federada Salud de Santa Fe, que tendría un balance deficitario al no contar con el apoyo que le prestan otras entidades vinculadas al ahorro y crédito, para prestar servicios de salud a la comunidad y pidió la corrección del artículo 126, mediante un proyecto de Ley de correlato.

El presidente del instituto movilizador de Fondos Cooperativos, Edgardo Form, puso como ejemplo a la entidad emblema del sector, el Banco Crediccoop. Explicó que la entidad ya realiza aportes y los realiza independientemente de que tenga o no ganancias.  De la misma manera consideró que  la medida “pone en enorme desigualdad de condiciones a la entidad” respecto de las empresas lucrativas y afirmó que la alícuota establecida por el artículo 126, es de carácter confiscatorio. La medida, según expresó, reducirá de manera significativa el patrimonio de las entidades cooperativas de crédito y afectará la competitividad de entidades como este banco cooperativo, que en la actualidad presta servicios a precios por debajo de la media de los primeros 10 bancos privados.

Para finalizar la ronda de intervenciones César Basañez, gerente de Cooperar, realizó un repaso histórico del escenario tributario para cooperativas y mutuales. “Nosotros, las empresas cooperativas también requerimos previsibilidad y seguridad jurídica. No podemos estar permanentemente cambiando el tratamiento que tiene nuestra imposición” dijo y agregó: “esto no sólo debe ser previsible sino también ajustado a nuestra naturaleza y eso significa que somos entidades sin fines de lucro”, aseveró.